Buscan declarar la emergencia del transporte urbano y la medida afectará a los usuarios

La empresa Grupo MR SRL Sol Bus se adelantó a la posible quita del subsidio del transporte a nivel nacional. De aprobarse el recorte su puesta en marcha iniciaría en 2019, sin embargo la empresa ya expuso problemas de índole económico para justificar la declaración de la emergencia en el transporte de la ciudad.

La postura generó discusiones por las dificultades que se ocasionaría en el servicio, perjudicando a los usuarios.

También basaron sus conclusiones en el análisis del proceso inflacionario y la interrupción del subsidio denominado Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sitau).

En este sentido ya presentaron un proyecto para declarar oficialmente la emergencia y el mismo se encuentra en el Concejo Deliberante. Este martes inició su debate pero por pedido del concejal Oscar Montero, miembro del bloque Compromiso Federal, se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10.

De aprobarse, la ordenanza establecería una serie de disposiciones que buscan “adoptar las medidas más convenientes” con el objeto de “garantizar el servicio”. Tendría una duración de 180 días y se podría prorrogar desde el cuerpo legislativo en caso de ser pertinente.

Además faculta al Ejecutivo Municipal a “ejecutar medidas propuestas por la Comisión (creada para la resolución de la crisis)”.

En este sentido si bien se aclara que no está autorizado el despido de trabajadores ni la reducción de indemnizaciones, viáticos u horas de trabajo, aseguran que en los hechos la situación difiere.

Entre otros de los ejes más relevantes que prevé la posible normativa se traza la adecuación de los recorridos para excluir aquellos denominados “deficitarios” y revisar el cuadro tarifario actual.

En la letra se garantiza que no se autorizará el aumento del precio del boleto ni la quita de subsidios a jubilados o estudiantes y plantea la necesidad de que todos los sectores, nacionales, provinciales y locales, participen para la solución de la “crisis”.

Sin embargo desde el personal de la empresa indican que los objetivos no están enmarcados en dichas líneas de argumento.

El chofer Claudio Guerrero aseveró durante un diálogo que mantuvo con el periodista Jorge Leguizamón, que en realidad se estima la pérdida de puestos de trabajo y la supresión de beneficios.

“Hay una lista oficial en la que figuran 22 despidos, la misma fue presentada. Además se estima la reducción de unidades, por ejemplo se quitaría la línea D dejando sin servicio a la zona este de la ciudad que comprende el Barrio Eva Perón, Independencia, 1000 Viviendas, 500 Viviendas; también se pide la quita de beneficios a jubilados, escolares y universitarios y el corte de un canon municipal que se le cobra a la empresa”, sostuvo Guerrero.

Por otra parte desmintió que desde la Nación hayan eliminado el Sitau de modo definitivo, sino que lo habrían limitado por incumplimientos de la compañía: “La plata de la que habla la empresa que es destinada al combustible, no lo está cobrando por un atraso en las cargas sociales (…) una vez que se ponga al día con eso, lo volverá a cobrar”.

El empleado advirtió que los aspectos del subsidio de transporte juegan un rol importante a la hora de los “negocios” de la empresa. Según explicó hay uno de los subsidios que se destina alrededor del 67% del salario de los empleados, con lo cual la compañía ahorra una importante suma. “Siempre fue (el subsidio) un negocio millonario en todo el país”, manifestó.

Al hablar de crisis, Guerrero indicó que hay otras problemáticas que se viven internamente más allá de lo que significan los cálculos y análisis inflacionarios. Detalló que “están reduciendo coches” procediendo a la reducción de turnos, como el caso de las líneas E (octavo turno) y A (cuarto turno).

Dijo además que “están anunciando que mañana no pagarán el sueldo”, sino que lo efectivizarán el día viernes, pero entregando la mitad de la cifra.

Al retomar el tema de los posibles despidos advirtió que entre los 22 trabajadores, hay entre 6 y 7 que ingresaron hace un año: “Nuestro convenio indica que a los tres meses tienen que estar efectivos, ellos nunca lo cumplieron ya que están con contratos basura que se van renovando cada tres meses, ahora se los quieren sacar de encima”.

Por último destacó que hay una serie de unidades que están prestando servicio a fábricas cuando en los papeles no están habilitados para ello y aseguró que existe una pérdida de usuarios porque el servicio “es malo y caro”.

Lo concreto es que este miércoles se vuelve a tratar la ordenanza y hay malestar en los trabajadores de la empresa, que por un lado temen por sus puestos y por otra parte advierten las dificultades que atravesarán los usuarios.